Es porque las subas del mínimo en 2010 y 2011 nunca quedaron formalizadas.
Más de 1.300.000 asalariados están pendientes de que el Congreso ratifique antes de fin de año los cambios en el mínimo no imponible de Ganancias que se aplicaron en 2010 y 2011. De lo contrario, en febrero del año próximo se verán obligados a “devolver” al Fisco importantes sumas de dinero que le fueron descontados de los últimos dos ejercicios.
Lo que está en juego es la validez de las subas del tope salarial a partir del cual se paga Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y los autónomos. En julio de 2010 se ajustó un 20% y un porcentaje similar se aplicó en abril de este año.
Como consecuencia de estas decisiones, las empresas retuvieron a sus empleados una porción menor de sus salarios. Pero si los legisladores no aprueban una ley específica, esos descuentos quedarán sin efecto y los empleadores deberán calcular las retenciones de Ganancias en base a los mínimos que regían en 2009. La diferencia equivale a un 44% acumulado.
Los anuncios oficiales sólo quedaron sostenidos por resoluciones de la AFIP. Por eso, es clave que el Congreso incluya este tema en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se está negociando a pocas horas del recambio del 10 de diciembre (ver página 18).
Esta situación ya se planteó hace un año. Y como tampoco se obtuvo la ley necesaria, la AFIP buscó tranquilizar a los contribuyentes mediante una postergación hasta febrero de 2012 en la liquidación final del tributo. De esta forma, se fue acumulando una “deuda” de los asalariados con el Fisco, pese a que el Gobierno dijo que no era su intención cobrarla.
De todos modos, aun con la suba del 20% anual del mínimo no imponible y las deducciones los asalariados salieron perdiendo la partida contra el Fisco. Esto es así porque el ajuste no compensa ni la inflación ni la suba salarial anual. Este año, ambos factores se ubicaron en torno al 25% anual.
Además, tanto en 2010 como en 2011 se mantuvieron sin modificaciones las escalas a partir de las cuales se aplican las alícuotas del impuesto. En muchos casos, esto agrava la presión impositiva sobre los empleados y autónomos que por recibir un aumento pasan a la categoría siguiente y sufren descuentos más amplios incluso que el reajuste salarial.
Esas escalas se mantienen sin cambios desde la reforma de José Luis Machinea, en el año 2000. De aquella época sólo se eliminó la “tablita” de deducciones decrecientes según el nivel de ingreso.
Lo que ahora contribuye a alimentar el temor de los contribuyentes es que la situación fiscal se deterioró. Y así como se eliminan subsidios al consumo de servicios y no se paga un plus de fin de año a los jubilados, no sería descabellado suponer que den vía a una mayor presión en Ganancias.
Más de 1.300.000 asalariados están pendientes de que el Congreso ratifique antes de fin de año los cambios en el mínimo no imponible de Ganancias que se aplicaron en 2010 y 2011. De lo contrario, en febrero del año próximo se verán obligados a “devolver” al Fisco importantes sumas de dinero que le fueron descontados de los últimos dos ejercicios.
Lo que está en juego es la validez de las subas del tope salarial a partir del cual se paga Ganancias para trabajadores en relación de dependencia y los autónomos. En julio de 2010 se ajustó un 20% y un porcentaje similar se aplicó en abril de este año.
Como consecuencia de estas decisiones, las empresas retuvieron a sus empleados una porción menor de sus salarios. Pero si los legisladores no aprueban una ley específica, esos descuentos quedarán sin efecto y los empleadores deberán calcular las retenciones de Ganancias en base a los mínimos que regían en 2009. La diferencia equivale a un 44% acumulado.
Los anuncios oficiales sólo quedaron sostenidos por resoluciones de la AFIP. Por eso, es clave que el Congreso incluya este tema en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se está negociando a pocas horas del recambio del 10 de diciembre (ver página 18).
Esta situación ya se planteó hace un año. Y como tampoco se obtuvo la ley necesaria, la AFIP buscó tranquilizar a los contribuyentes mediante una postergación hasta febrero de 2012 en la liquidación final del tributo. De esta forma, se fue acumulando una “deuda” de los asalariados con el Fisco, pese a que el Gobierno dijo que no era su intención cobrarla.
De todos modos, aun con la suba del 20% anual del mínimo no imponible y las deducciones los asalariados salieron perdiendo la partida contra el Fisco. Esto es así porque el ajuste no compensa ni la inflación ni la suba salarial anual. Este año, ambos factores se ubicaron en torno al 25% anual.
Además, tanto en 2010 como en 2011 se mantuvieron sin modificaciones las escalas a partir de las cuales se aplican las alícuotas del impuesto. En muchos casos, esto agrava la presión impositiva sobre los empleados y autónomos que por recibir un aumento pasan a la categoría siguiente y sufren descuentos más amplios incluso que el reajuste salarial.
Esas escalas se mantienen sin cambios desde la reforma de José Luis Machinea, en el año 2000. De aquella época sólo se eliminó la “tablita” de deducciones decrecientes según el nivel de ingreso.
Lo que ahora contribuye a alimentar el temor de los contribuyentes es que la situación fiscal se deterioró. Y así como se eliminan subsidios al consumo de servicios y no se paga un plus de fin de año a los jubilados, no sería descabellado suponer que den vía a una mayor presión en Ganancias.
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